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En marzo de 2015, la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), dio un vuelco a la literatura científica sobre el glifosato al publicar un monográfico en el que lo calificó como “probablemente cancerígeno para humanos”. El organismo, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, reconocía que hay “pocas pruebas” de la relación con el linfoma no-Hodgkins en humanos, pero consideraba suficientes los estudios hechos con animales como para establecer esa probabilidad.
Cuando salió la primera sentencia, en septiembre del año pasado, había unas 8.000 demandas similares en Estados Unidos contra Monsanto. Ahora hay más de 13.400 demandas de pacientes de linfoma no-Hodgkins o sus familiares. Solo la firma BHAG ha aceptado 1.600 casos, de los cuales ha presentado ya 500 en los juzgados, 300 de ellos en California…
La reputación de Monsanto tampoco ayuda. Se trata de una de las compañías más detestadas del mundo. En 2018, dos meses antes del veredicto de Johnson, fue adquirida por la alemana Bayer por 66.000 millones de dólares y una de las primeras decisiones fue eliminar la marca Monsanto, por la carga negativa que conlleva. Con la compra, Bayer heredaba también las demandas. Las acciones de Bayer han perdido el 44% de su valor desde la compra de Monsanto.
Monsanto ha recurrido las tres sentencias hasta ahora y sigue negando relación alguna entre el glifosato y el cáncer. Defiende los estudios publicados y defiende su etiquetado como correcto. No ha dejado traslucir la intención de llegar a ningún acuerdo en estas demandas. “Si mañana admiten que se equivocaron sería como admitir que llevan 45 años mintiendo”, dice Weisner. “Sería un cataclismo. Tienen sangre en las manos. ¿Cuántas vidas se han perdido?”.,,
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